La devolución es real, pero no la decidió el Gobierno. El Tribunal Superior de Medellín, en segunda instancia, confirmó el fallo del 17 de enero de 2025 de un juzgado especializado de extinción de dominio de Barranquilla (es decir, de antes de este gobierno) que negó la extinción de dominio sobre siete inmuebles de Promotora Dubera S.A.S., vinculados a Alex Saab, porque la Fiscalía 'no construyó un conjunto suficiente de indicios' sobre el origen ilícito del dinero. El principal es una casa de unos 3.740 metros cuadrados en el barrio Riomar de Barranquilla, avaluada en unos $28.000 millones; los siete suman cerca de $35.000 millones. La decisión quedó en firme y la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que administraba los bienes, está obligada a devolverlos: no tiene margen para negarse.
Infobae fecha el fallo el 7 de septiembre y Vanguardia lo reporta el 28. Lo impreciso de la pieza: Estados Unidos todavía no ha condenado a Saab; el 15 de septiembre se declaró culpable en Miami de conspiración para lavar dinero de contratos del programa CLAP de Venezuela y aceptó entregar USD 195 millones, pero la sentencia está pendiente, y ese proceso no obliga a la justicia colombiana. Y sobre la presidenta de la SAE: Diana Patricia Bravo Vélez, designada por el presidente el 19 de agosto (Decreto 1255), fue socia de De la Espriella Lawyers entre 2015 y julio de 2026 y manejó las finanzas de la campaña, según La Silla Vacía; el presidente fue abogado de Saab antes de llegar al cargo. Cambio afirma que Bravo 'participó en procesos relacionados con intereses de Saab', sin detallar cuáles; ningún otro medio confirma que haya sido su abogada.
El posible conflicto de interés es una pregunta legítima (si debió declararse impedida en la ejecución), pero la orden de devolver viene de un tribunal, no del Gobierno.
