Qué pasó
Hecho confirmado: el 16 de octubre de 2026 se conoció un oficio del 21 de septiembre en el que la ministra de Educación, Ilva Myriam Hoyos, pide al secretario jurídico de la Presidencia, Andrés Barreto, 'acciones urgentes' para derogar la Resolución Conjunta 1350 de 2026 y 'contener sus efectos'. Esa resolución, firmada el 10 de julio de 2026 por cuatro ministerios del gobierno anterior, adoptó la Política Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos 2026-2035, que lleva la educación integral en sexualidad a los planes de estudio y la formación docente. Hoyos pide una mesa de los cuatro ministerios para revisarla y, mientras tanto, una directiva presidencial que ordene no implementarla.
Argumenta 'serios cuestionamientos constitucionales y legales': que una resolución no puede imponer contenidos curriculares, que afecta la autonomía escolar y el derecho de los padres a escoger la educación de sus hijos, y que compromete recursos sin fuente hasta 2035. La Presidencia no había respondido al 18 de octubre; la norma sigue vigente.
Contexto
La antecesora de Hoyos, Viviane Morales, había hablado de 'erradicar la ideología de género' de los colegios. En octubre, ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, Colombia dijo que 'se disocia de la expresión salud y derechos sexuales y reproductivos', y la Cancillería retiró al país de la Coalición por la Igualdad de Derechos.
Las dos lecturas
Para el Gobierno es un problema de competencia y de libertad de los padres: una política de diez años no puede fijarse por resolución en los últimos días de un mandato. Para los críticos es el desmonte de la educación sexual, que la ONU y la OMS consideran la herramienta principal contra el embarazo adolescente y el abuso infantil.
Análisis
El argumento formal tiene base: una resolución conjunta de julio, a semanas del cambio de gobierno, es un instrumento frágil para una política de diez años. Pero la solución que pide la ministra no es corregir el instrumento sino suspender el contenido, y Colombia enseña educación sexual por mandato de la Corte Constitucional desde 1992 y de la Ley 115 de 1994. Sin esa educación los niños no dejan de tener sexualidad: dejan de tener información para protegerse.
Con el mismo estándar: el gobierno anterior también usó resoluciones de última hora para amarrar políticas.
Balance
Negativo: pedir que se deje de aplicar la educación sexual en los colegios, sin presentar una política que la reemplace, deja a los menores con menos herramientas frente al embarazo adolescente y el abuso.
Sin confirmar
La respuesta de la Presidencia, la posición de los otros tres ministerios y si la política se ha empezado a aplicar en algún colegio.