Hecho confirmado: el 28 de septiembre de 2026 el Ministerio de Ambiente expidió las resoluciones 1277 y 1278, firmadas por el ministro ad hoc Indalecio Dangond, ministro de Agricultura, porque el 10 de septiembre el Consejo de Ministros aceptó la recusación contra el ministro de Ambiente, Fabio Arjona, por su cercanía pública con el proyecto minero Soto Norte de Aris Mining. La 1277 revocó la Resolución 0970 del 4 de agosto de 2026, que prorrogaba hasta marzo de 2029 la zona de reserva temporal de unas 75.000 hectáreas en el occidente del páramo (Suratá, Matanza, California, Vetas, Charta y Tona); la reserva vuelve a vencer en marzo de 2027. La 1278 revocó la Resolución 0992 del 6 de agosto de 2026, la delimitación parcial del páramo. En agosto el ministerio ya había revocado la reserva de la microcuenca La Baja (1.499 hectáreas), que bloqueaba el proyecto Soto Norte.
La explicación oficial: las resoluciones tenían fallas de procedimiento, entre ellas una 'delimitación progresiva' sin sustento legal, concertación inconclusa en 14 de los 40 municipios y cambios de linderos sin republicar el proyecto, y no cumplían la sentencia T-361 de 2017 de la Corte Constitucional, que exige una delimitación con participación efectiva; la de La Baja, además, fue revocada por orden de un juzgado de Bucaramanga. El ministerio sostiene que 'la protección no se levanta', que la delimitación sigue en curso y que la Ley 1930 de 2018 mantiene prohibida la minería en el páramo; la consulta de la reserva tiene plazo hasta el 13 de noviembre y el gobernador de Santander propuso terminar la delimitación en marzo de 2027. Análisis. Santurbán da agua a unos 2,5 millones de personas en Santander y Norte de Santander, empezando por el área metropolitana de Bucaramanga.
La ley prohíbe la minería dentro del páramo, pero lo que define dónde se puede minar es la línea de la delimitación y el alcance de las reservas temporales, que protegen las zonas de transición mientras se fija esa línea. Por eso importan estas tres revocatorias: en menos de dos meses desaparecieron la reserva que frenaba el proyecto Soto Norte, la prórroga que protegía 75.000 hectáreas hasta 2029 y la delimitación parcial, sin una medida nueva que las reemplace mientras termina el proceso. Tres hechos agravan la lectura: el ministro titular tuvo que apartarse por su cercanía con la empresa minera, que según el Comité de Defensa del Agua y el Páramo prevé pedir la licencia en 2027; las decisiones llegan en el periodo en que el Gobierno reabre la exploración petrolera y el fracking (ver el hecho del 25 de septiembre); y la reserva temporal ahora vence justo cuando la empresa se alista para pedir licencia. Con el mismo estándar para todos: el gobierno anterior expidió la delimitación parcial y la prórroga en sus últimos días, el 4 y el 6 de agosto, con la concertación sin terminar en 14 municipios, y ese apuro es una debilidad real que el ministerio tiene razón en señalar.
Pero corregir un procedimiento no exige dejar el páramo sin protecciones transitorias. Por qué este sitio lo registra como negativo: se retiran medidas de protección del agua de 2,5 millones de personas sin reemplazarlas, en beneficio práctico de un proyecto minero con el que el ministro del ramo tenía una cercanía que lo obligó a declararse impedido. Lo que no está confirmado: si Aris Mining radicará la licencia y cuándo, y qué zona exacta quedará habilitada cuando termine la delimitación.