Hecho en disputa: Ricardo Andrés Rodríguez Martínez, de 18 años, murió el 21 de septiembre de 2026 en la operación de la Policía Antinarcóticos, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía, contra alias 'Cholo', segundo cabecilla de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (Los Pachenca), en Quebrada del Sol, corregimiento de Guachaca (Santa Marta). Su familia dice que era un jornalero que había llegado una semana antes a trabajar con ganado en una finca, que estaba vestido de civil y desarmado, y que no tenía ninguna relación con el grupo. Su hermano Franklin dice que el cuerpo tenía un solo disparo, en el pecho; la familia lo recibió cuatro días después, en avanzado estado de descomposición. Lo que dijo el Gobierno: el Ministerio de Defensa informó que en la operación murieron siete presuntos integrantes de Los Pachenca, cifra que incluye al joven; el 24 de septiembre desmintió que fuera hijo de alias 'Pinocho' ('ninguna fuente de la Fuerza Pública ha afirmado que fuera hijo de alias Pinocho'), pero no ha dicho si lo considera civil o combatiente, y remitió a la Fiscalía y a Medicina Legal para 'esclarecer la totalidad de los hechos'.
La Defensoría del Pueblo acompaña a la familia y pidió 'una investigación rigurosa'. Al 1 de octubre no se conocía ningún resultado de la Fiscalía ni de Medicina Legal, ni una indagación pública de la Procuraduría. Análisis: por qué se habla de un posible 'falso positivo'. En Colombia se llama así a la muerte de un civil a manos de la Fuerza Pública que luego se presenta como la de un combatiente caído en operación; la JEP ha documentado al menos 6.402 víctimas entre 2002 y 2008.
En este caso hay cinco señales que obligan a investigar con ese estándar. Primera, el Gobierno contó al joven entre los 'presuntos integrantes' del grupo sin aportar ninguna prueba de que lo fuera. Segunda, después de su muerte circularon imágenes falsas para presentarlo armado: la foto de otro hombre con un fusil y luego la misma foto con su cara puesta con inteligencia artificial (ver la sección Verificación). Tercera, la versión de la familia (jornalero, de civil, sin armas, un solo disparo) no ha sido desmentida por ninguna autoridad.
Cuarta, testimonios recogidos por la familia y por Publimetro y Raya dicen que gritó que no tenía nada que ver o que pudo haber sido capturado con vida antes del disparo; esos testimonios no están verificados. Quinta, el balance oficial de la operación no es único: siete muertos según el Gobierno y 13 según Cambio y La FM. Lo que no está probado, y hay que decirlo con la misma claridad: no hay un dictamen forense público, ni una conclusión de la Fiscalía, ni una prueba de que la Policía haya alterado la escena o presentado al joven con armas. Puede que haya muerto en medio del fuego cruzado sin ser un objetivo.
Pero la carga de explicar recae en el Estado: cuando muere una persona que su familia identifica como civil, y el Gobierno la suma a su balance de resultados sin pruebas, la duda es legítima hasta que la investigación diga otra cosa. Por qué este sitio lo registra como negativo, sea cual sea el resultado de la investigación: en una operación de la Fuerza Pública no deberían morir civiles, y aquí murió un joven de 18 años al que nadie ha podido señalar con pruebas como integrante del grupo. Es el segundo caso en una semana (ver el de La Macarena del 22 de septiembre) en que una comunidad denuncia la muerte de un campesino en un operativo.