Hecho confirmado: el 17 de septiembre de 2026 la Cancillería confirmó, en un comunicado propio, que Colombia se retira de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition), el organismo intergubernamental de 43 Estados dedicado a la protección de los derechos de las personas LGBTI. La salida se notificó mediante nota diplomática al comité ejecutivo de la coalición. El viceministro Pedro Agustín Roa explicó que la decisión se tomó tras 'un análisis riguroso' y que el mecanismo no es una prioridad para este Gobierno, sin que eso signifique un retroceso en derechos: sostuvo que Colombia 'tiene un cuerpo muy robusto en materia de derechos protegidos' por la Constitución, las políticas públicas, la normativa vigente y los fallos de la Corte Constitucional que amparan a las minorías sexuales.
EL DATO QUE EL COMUNICADO NO MENCIONA Y QUE CAMBIA LA DIMENSIÓN DEL HECHO: Colombia no era un miembro más. Según el propio sitio de la coalición, el país ejercía la COPRESIDENCIA gubernamental junto con España, y la organización colombiana Caribe Afirmativo ejercía junto con la española Fundación Triángulo la copresidencia de la sociedad civil. Es decir, el país se retira del organismo mientras lo preside. La coalición funciona con un modelo rotativo de copresidencias de dos años que asumen dos Estados y dos organizaciones sociales.
Hay una discrepancia sobre el período exacto que este sitio no pudo resolver: la página oficial de la coalición, con última modificación del 1 de septiembre de 2026, dice que la copresidencia de Colombia y España corresponde al período 2024-2026, mientras que Semana reporta 2025-2027.
QUÉ ES LA COALICIÓN: se creó en 2016 en la Conferencia Global de Derechos Humanos LGBTI de Montevideo, con el liderazgo inicial de Uruguay y Países Bajos, y su secretaría está a cargo de ILGA World desde mayo de 2024. Reúne a 43 Estados de América, Europa, África, Asia y Oceanía, entre ellos Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Costa Rica, Ecuador, España, Israel, México, Reino Unido y Uruguay. Es un espacio de coordinación diplomática y de cooperación, no un tribunal ni un organismo que imponga obligaciones jurídicas: retirarse no deroga ninguna norma interna colombiana ni ningún fallo de la Corte.
LAS DOS LECTURAS. La del Gobierno: la protección de estos derechos en Colombia está anclada en la Constitución y en la jurisprudencia, no en la pertenencia a un foro internacional, y participar en él no es prioritario para su agenda exterior. Es un argumento jurídicamente cierto en cuanto al derecho interno. La crítica: la Defensora del Pueblo, Iris Marín, rechazó la decisión y recordó que los derechos humanos no son una cuestión ideológica, citando 148 homicidios de personas LGBTIQ+ registrados en 2025 y 68 feminicidios de mujeres trans entre 2024 y abril de 2026.
El argumento de fondo es que la garantía formal en el papel y la situación real de violencia no coinciden, y que salirse del foro donde esa violencia se compara y se vigila con otros países reduce el escrutinio externo justo cuando las cifras no mejoran.
LO QUE NO ESTÁ CONFIRMADO: el comunicado no dice desde cuándo era miembro Colombia ni bajo qué gobierno ingresó, no fija una fecha de efecto distinta del anuncio y no explica qué pasa con la copresidencia que el país venía ejerciendo. Tampoco se conoce todavía una reacción oficial de la coalición, de España como copresidente, ni de Caribe Afirmativo. El canciller Omar Nicolás Bula no se pronunció directamente sobre este punto: el vocero fue el viceministro.