Qué pasó
Hecho confirmado: el 8 de septiembre de 2026 el Gobierno expidió el Decreto 1368 de 2026, que ordena levantar la suspensión general de los permisos de porte de armas y deroga los Decretos 2362 de 2018 y 1482 de 2025; este último prorrogaba la suspensión hasta el 31 de diciembre de 2026. Entró en vigencia el 9 de septiembre. El presidente afirmó que 'los criminales siguieron armándose ilegalmente hasta los dientes' y que 'esto no significa porte indiscriminado'.
Respaldaron la medida el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón y los senadores María Fernanda Cabal y Carlos Fernando Motoa. La cuestionaron el expresidente Gustavo Petro, la senadora Esmeralda Hernández, que anunció una demanda, congresistas de la Alianza Verde y académicos de la Universidad Libre y la Fundación Paz y Reconciliación.
Contexto
Los titulares de permisos de porte vigentes dejan de necesitar la autorización especial adicional que la suspensión les exigía (artículo 2). El artículo 6 mantiene por fuera a los permisos vencidos, suspendidos o cancelados, a quienes tengan prohibiciones legales y a quienes solo cuenten con permiso de tenencia, que no habilita el porte en público. No modifica los requisitos de fondo del Decreto-Ley 2535 de 1993 ni desglosa tipos de arma o zonas donde el porte siga prohibido.
Las dos lecturas
El Gobierno sostiene que esto no es porte libre; el vocero de Presidencia, Miller Soto, dijo que 'levantar la suspensión general no es autorizar el porte libre de armas'. Los críticos responden que el alcance es mayor: la suspensión venía renovándose bajo Santos, Duque y Petro, y al derogarla se reactivan permisos congelados y vuelve a abrirse la vía ordinaria para otorgar nuevos, cuyo criterio queda en manos de la autoridad militar. Los académicos sostienen que el crimen organizado se arma por vías ilegales y no por permisos civiles.
Balance
Se registra como mixto: en sentido estricto no es porte libre, pero el decreto reabre la vía ordinaria para nuevos permisos con un criterio que no está detallado en el decreto.
Sin confirmar
No se verificó la radicación de la demanda ni el tribunal. El PDF del decreto no muestra legiblemente sus firmantes, más allá del Ministro de Defensa. No hay cifra de permisos vigentes.
El Colombiano reportó la firma el 7 de septiembre, no el 8.