Paquete de decretos legislativos del terremoto: impuestos, empleo, arriendos, salud, crédito y licencias

Epígrafe oficial: Decretos legislativos expedidos al amparo del estado de emergencia económica, social y ecológica declarado por el Decreto 1261 de 2026 (modificado por el 1348) por el terremoto del 10 de agosto

Nueve decretos legislativos del 17 de septiembre de 2026 confirmados. 1413: régimen de incentivos a la inversión en las zonas afectadas, con tarifa de renta del 20% (que baja un punto por cada 250 empleos nuevos, hasta 15%), depreciación acelerada del 50% y exención de IVA a importaciones de insumos y bienes de capital sin equivalente nacional. 1414: uso más ágil de recursos del Sistema General de Regalías para la recuperación. 1415: medidas de salud, entre ellas recursos de la ADRES, eliminación de copagos para víctimas registradas y alivio de intereses de mora en aportes. 1416: medidas para el sector financiero, cooperativo y de valores, como crédito de vivienda sin cuota inicial por 12 meses y opciones de pago de seguros de terremoto. 1417: protección del empleo, con apoyo a la nómina del 40% de un salario mínimo para micro y pequeñas empresas por seis meses y una transferencia de medio salario mínimo para trabajadores desempleados afectados. 1418: reactivación empresarial, con uso de recursos de las cámaras de comercio y reglas societarias más flexibles por un año. 1419: alivios tributarios, aduaneros y cambiarios, con rebajas de hasta 85% en sanciones e intereses, planes de pago de hasta 36 meses y tasa de mora reducida de 4,5% anual. 1423: suspensión por seis meses de desalojos y de los incrementos de arriendo, prórroga automática de contratos y tope a los nuevos arriendos (valor anterior más inflación), y uso de fondos de reserva de propiedad horizontal por dos años. 1425: medidas ambientales, como sitios temporales de escombros sin licencia previa y plazos de licenciamiento más cortos. Las medidas aplican en los 16 departamentos afectados. No se pudo confirmar el contenido de los decretos 1420, 1421, 1422 y 1424.

Es la respuesta normativa más amplia al terremoto, y la Corte Constitucional debe revisar cada decreto legislativo. Sus dos caras: alivia a hogares, trabajadores y empresas afectadas, y crea incentivos para reconstruir; pero varios beneficios (la tarifa de renta del 20%, la rebaja de sanciones de hasta 85%, la flexibilización de licencias ambientales) tienen un costo fiscal o ambiental que no se ha cuantificado públicamente. El Gobierno espera que los alivios del 1419 generen recaudo para financiar el Fondo Milagro (ver el hecho del 29 de septiembre sobre la modificación del Presupuesto 2026).

A los hogares arrendatarios, trabajadores, contribuyentes, micro y pequeñas empresas e inversionistas de los 16 departamentos incluidos en la emergencia (Antioquia, Caldas, Cauca, Chocó, Quindío, Cundinamarca, Risaralda, Huila, Valle del Cauca, Tolima, Norte de Santander, Bolívar, Nariño, Sucre, Santander y Caquetá).